La corrupción en el deporte y los programas de compliance

By: Alba Lema - Directora de GP Compliance en Galicia

En el día de ayer podíamos leer en cualquier periódico de tirada nacional el supuesto amaño del partido Barcelona B – Eldense, correspondiente a la segunda división B, por parte de los jugadores de esta última entidad. Ha sido precisamente un jugador del Club Deportivo Eldense, Cheikh Saad, quien acusó a cuatro de sus compañeros de amañar el partido, al tiempo que denunció su ausencia en el once titular por negarse a participar en el engaño.

El motivo del amaño parece estar en las apuestas deportivas del mercado asiático a través de Internet ya que, con este resultado, una persona que hubiese apostado unos 1000€ se embolsaba una cantidad superior a los 400.000€.

Así las cosas cabría preguntarse qué consecuencias tendría, de confirmarse el amaño, esta acción de los jugadores desde una perspectiva estrictamente penal. En primer lugar, debemos señalar que el delito de corrupción deportiva se encuentra expresamente regulado en el art. 286 bis del CP que, en su apartado 4, dispone:

 

“Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.

 

La locución “lo dispuesto en este artículo” hace referencia a las eventuales sanciones que se podrían imponer en el supuesto de corrupción deportiva a los responsables de las mismas; a saber: pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio (en este caso, para el ejercicio de la actividad deportiva), por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Este tipo de sanciones, como es obvio, son aplicables únicamente a las personas físicas (ya sean los futbolistas, el entrenador, directivos o cualquier otro empleado o colaborador del club), mientras para el club las sanciones establecidas a tal efecto, serían las del art. 33.7 del CP aplicables a las personas jurídicas: multas por cuotas o proporcional, suspensión temporal de actividades, clausura de locales o establecimientos, prohibición total o definitiva de desarrollar la actividad, entre otras.

Llegados a este punto, cabría preguntarse si para el club deportivo las consecuencias serían las mismas en el caso de disponer de un eficaz programa de compliance.

Con carácter previo debemos señalar que el Club Deportivo Eldense no está obligado a disponer de un programa de cumplimiento normativo, ya que pertenece a la segunda división B y esta obligación únicamente incumbe a equipos de LA LIGA (primera y segunda división A). En efecto, como ya señalamos en otro de nuestros artículos, una de las excepciones al principio de NO obligatoriedad de los programas de compliance, la encontramos en el art: 55 de los Estatutos Sociales de la  Liga Nacional de Futbol profesional en virtud del cual:

 

  • “Son requisitos para la afiliación a la liga,
  • (…)
  • Adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir significativamente el riesgo de su comisión

 

Pues bien, generalmente, los clubs obligados a implementar estos modelos de organización y gestión, disponen de códigos éticos que contienen disposiciones expresas relativas al amaño de partidos e incluso, algunos van más allá, y reflejan el asunto de las apuestas deportivas. Así por ejemplo, el Código ético del F.C. Barcelona dedica un apartado completo a la prevención del fraude deportivo abordando aspectos tales como sobornos de profesionales y organizaciones deportivas, manipulación de competiciones deportivas y apuestas deportivas. Por su parte, la sociedad deportiva EIBAR aprobó un Código ético en el que bajo la rúbrica “Tolerancia 0 con cualquier modalidad corrupción” rechaza cualquier modalidad de corrupción,

 

“incluyendo en este concepto aquellas conductas destinadas a manipular el resultado de la competición, a realizar apuestas ilegales, sobornos, cohecho o incurrir en conflictos de intereses”.

A continuación, el propio código establece un protocolo en el que se detallan las medidas y mecanismos necesarios a adoptar por parte del club, para prevenir este tipo de conductas.

En el caso que nos ocupa, el club Eldense no parece disponer de los modelos de organización y gestión exigidos por la LIGA para categorías superiores. Ahora bien, la postura de los directivos con respecto a este tipo de amaños parece ser bastante firme al respecto. En efecto, tras tener conocimiento de los hechos, la junta gestora del club deportivo denunció los hechos con carácter inmediato a la policía, rescindió su contrato de colaboración suscrito con un grupo inversor italiano, solicitó al ayuntamiento de Elda (propietario de las instalaciones deportivas) que impidiese el acceso a las mismas a los miembros del grupo inversor italiano, a los futbolistas y al cuerpo técnico y, finalmente, suspendió de manera cautelar la actividad deportiva del primer equipo. Esta conducta dista mucho de la adoptada por los responsables del club en otros casos notorios de amaño de partidos (e.g.: amaño del levante-Zaragoza temporada 2010/11) [1].

Si trasladamos las consideraciones realizadas hasta este momento a la pregunta planteada, si el club afectado hubiese tenido un plan de cumplimiento eficazmente implantado en la organización con anterioridad al amaño, creo firmemente que esta podría llegar a eximirse de responsabilidad penal tal y como se recoge en la normativa penal de referencia (art. 31 bis 2 CP).

En este sentido, y esto es una opinión meramente personal, los responsables de un club no pueden tener controlados todos y cada uno de los movimientos de sus jugadores. Si un jugador se reúne con un tercero en un lugar “secreto” para amañar un partido y recibe a cambio un sobre con una determinada cantidad de dinero, resultaría extremadamente complicado detectar esa conducta. No obstante, sí sería fácil acreditar la adhesión del jugador al código de conducta del club, la aceptación del mismo, el conocimiento de las consecuencias que comportaría esta conducta impropia y las actividades de formación y sensibilización de jugadores realizada por la entidad. De este modo, la responsabilidad podría recaer únicamente en el/los jugador/es que intervinieron en el amaño o, en el caso de recaer alguna responsabilidad sobre la entidad deportiva, la sanción habría sido –sin duda alguna– notablemente atenuada.

Asimismo, la existencia de un canal de denuncias  adecuado (que garantizase la confidencialidad y falta de represalias del denunciante), habría permitido a los jugadores que rechazaron el amaño denunciar esta conducta con anterioridad al partido y, por ende, quizás se habría podido evitar la misma

 

En resumen, estamos ante un caso que viene a ilustrar nuevamente las ventajas y beneficios de un programa de compliance en aquellos casos en los que no deviene obligatorio. No sabemos cómo acabará este caso en particular, lo que es seguro es que una eventual condena al Club deportivo Eldense podría haberse evitado, o al menos atenuado sensiblemente, con un eficaz programa de cumplimiento normativo.

[1] En este sentido hay que señalar que club deportivo eldense tiene una situación muy particular en este momento ya que está dirigido por una Junta Gestora pero suscribió un convenio de colaboración con un grupo inversor italiano que fue responsable de haber fichado al entrenador y a otros jugadores. Valga de ejemplo los más de 50 jugadores que ha fichado el club en lo que va de temporada. El convenio con el grupo italiano ha sido rescindido después del partido contra el Barcelona B.

La sentencia del TS admite el uso de las cámaras de video-vigilancia como prueba para tratar de justificar el despido de un trabajador.

Sentencia del TS / Sala 4ª Pleno, S 31-1-2017, nº 77/2017, rec. 3331/2015

El texto de la sentencia reconoce que no hay vulneración de la protección de datos cuando los trabajadores son conocedores de la existencia de las cámaras y del lugar donde están colocadas. En este caso, señala el Tribunal, no es necesario un conocimiento explicito.

La empresa procedió al despido del trabajador, se alegaba en la carta de despido transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza mediante manipulación de tickets y hurtando diferentes cantidades en fechas concretas. El centro de trabajo contaba con un sistema de vídeo-vigilancia por razones de seguridad. El trabajador era conocedor de la existencia del sistema de vídeo vigilancia, sin que hubiera sido informado del destino que pueda darse a las imágenes o que pudieran ser utilizadas en su contra.

Tras ser despedido y presentar demanda el Juzgado declaró la improcedencia del despido.

La empresa recurrió en suplicación al TSJ y se desestimó el recurso.

Por último la empresa recurrió en casación, el TS señala que la exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 LOPD viene dada, en el ámbito de la video-vigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador”….

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso obliga a estimar el recurso porque la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fin perseguido, razón por la que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego, máxime cuando los trabajadores estaban informados, expresamente, de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad, expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo pero que excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc. etc.. Y frente a los defectos informativos que alegan, pudieron reclamar a la empresa más información, o denunciarla ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que la sancionara por las infracciones que hubiese podido cometer.

La sentencia del TS casa y anula la sentencia recurrida. Estimando el recurso de esa clase interpuesto por la recurrente y anulando la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social y las actuaciones practicadas y el acto del juicio a partir de la denegación de la prueba de video-vigilancia a fin de que se practique la prueba denegada y, posteriormente, se dicte nueva sentencia con libertad de criterio valorando el resultado de esa prueba.

Por último, indicar que se formula un voto particular por parte de uno de los magistrados.

El pasado 28 de febrero, nuestro Director del Área de Compliance, Albert Salvador, participó en las jornadas formativas de Control de Fraude Bancario del Banco Santader

Durante las 3 horas de ponencia, Albert expuso 25 casos de fraude interno y externo en el sector financiero, de diversa naturaleza: Apropiación indebida, falsificaciones, facturas ficticias, Uso de información Confidencial, Suplantación de la identidad, Malas Práxis, Concesión de financiación, Utilización de poderes….
A través de las fichas de Fraude de cada caso, se realizó la descripción del fraude, y se analizaron los datos relativos al fraude (origen, importe, afectados y antigüedad), al defraudador, así como se describieron los controles y alertar existentes para la detección y prevención de cada fraude. Se debatieron aspectos prácticos sobre las alertas y controles a implementar.
Albert realizó una exposición sobre cual es la manera más eficaz de tratar los riesgos de fraude, y el tratamiento de las alertas y controles, desde una visión global y en profundidad de las mismas.
Para finalizar con la ponencia, se mostraron datos estadísticos acerca de la situación del fraude en 2016 en las organizaciones, tales como el numero de casos detectados, perfil del defraudador, etc…

MAPA DE TIPOLOGIAS