X JORNADA DE MARKETING JURIDICO

Grupo Paradell estuvo invitado a la X Jornada de Marketing Jurídico, que se celebró ayer  26 de junio. La jornada se celebró en las instalaciones de la Mutualidad de Abogados.

 La jornada fue presentada por Hans Böck, Ceo de Lawyerpress, y también contó con la presencia de la Directora de Comunicación de la Mutualidad de Abogados.

 Se debatió en una mesa redonda la visión de distintos profesionales de diferentes despachos de abogados, consultorías y agencias de Marketing sobre las distintas acciones de marketing y comunicación usadas en sus organizaciones y la visión actual del mercado jurídico, en un mercado cada vez más competitivo.

  Entre los temas tratados se debatió por la actual apuesta inversora en estas actividades por parte de los despachos, la comunicación interna en los despachos, los nuevos modelos de negocio, el uso de la tecnología, redes sociales, la inversiones en publicidad, la gestión de la reputación, el ofrecimiento de servicios transversales, la colaboración de los miembros del despacho en la elaboración de contenidos, como pautar y hacer atractivos esos contenidos, nuevas oportunidades de negocio, la publicación de fichajes y operaciones….

 Entre los despachos asistentes estuvieron DLA PIPER, Medina Cuadros, Lupicinio, Zaballos Abogados, Novit Legal, Auren Adarve, Herrero y Asociados, AGM Abogados, Garrido Abogados. Además de las consultoras Grupo Paradell, Marketing Digital y Yingke Adarve.

NOVENO ENCUENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL SEG 2 (En Madrid, 22 de Junio DE 2017)

Bajo el lema “Encrucijada Normativa”, ha tenido lugar el Noveno Encuentro de Seguridad Integral Seg 2.

Ha contado con la participación de nuestro Director del Área de Compliance, Albert Salvador, concretamente en el panel de debate sobre “La Seguridad Integral y el Cumplimiento Normativo (Compliance)”, que ha estado moderado por Guillermo Llorente, subdirector General de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE.

La jornada ha tenido una gran afluencia de público con más de 170 asistentes.

Señales de alerta para la prevención y detección del fraude en las organizaciones

El pasado 9 de Junio de 2017, nuestro Director del Área de Compliance, Albert Salvador, participo en  Punta Cana – Republica Dominicana, en el XVI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNO, organizado por el IAIRD – Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana.

 

Con un aforo de 300 personas, mayoritariamente Auditores y Contadores, y bajo el eje principal de la Ética y la Transparencia, impartió la ponencia titulada “Señales de alerta para la prevención y  detección del fraude en las organizaciones”

Descargar ponencia

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

GRUPO PARADELL Y GP COMPLIANCE han estado presentes en eI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN, celebrado ayer día 07 de Junio.

El congreso se ha celebrado en Lima (PERÚ).

Nuestro socio Director, Albert Salvador, realizó una charla sobre los “Controles Anti Soborno y detección del Fraude – Red Flags y Canales de Denuncia“.

 

Gran acto de puesta de largo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Grupo Paradell se encuentra entre sus miembros fundadores

Amplia participación y éxito de contenido

El pasado 1 de junio, en el Club Financiero Génova de Madrid, se celebró el evento de puesta de largo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, asociación internacional que agrupa a profesionales y entidades del mundo del Compliance y que pretende ser la referencia en esta materia en habla hispana.

El acto que contó con un gran asistencia y con la magnífica conducción de Juan Carlos Galindo como maestro de ceremonias, inició con la intervención de Iván Martínez, Presidente de la Asociación, que presentó las actividades de la asociación y su filosofía, destacando el importante papel que juegan todas la asociaciones y entidades que promueven la cultura y herramientas para cumplimiento así como el carácter diferenciado  de la WCA, consistente en su actitud totalmente abierta a la participación e integración así como al intercambio desinteresado de experiencias y buenas prácticas entre todos los profesionales de un campo en el que “todos somos novatos y debemos aprender cada dia”.

Intervino el magistrado de la Sala Segunda Del Tribunal Supremo, Carlos Granados Pérez, que hizo una magnífica exposición de la línea que sigue el alto tribunal materia de interpretación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, alabando la creación de la asociación. Para él, una de las cuestiones más importantes es la existencia de buenos programas de cumplimiento, aunque deja claro “que su mera existencia no puede exonerar”, hay que probar que se han aplicado de una forma real y eficaz.

La directora del Cumplimiento de Porsche Ibérica S.A, Teresa Mínguez Díaz, dio la visión empresarial del compliance en primera persona, así como los retos a los que se enfrenta el responsable de cumplimiento de una organización, destacando el valor que tiene la prevención para el funcionamiento de la empresa. Para ella, todo repercute positivamente en el rendimiento de la compañía y para su continuidad en el tiempo, la importancia que las organizaciones inviertan en prevención y en cumplimiento, destacó “si el cumplimiento te parece caro, prueba con el no cumplimiento”.

Acto seguido, Diego Cabezuela Sancho, vicepresidente de la asociación y letrado con gran experto en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, centró su exposición en las investigaciones internas realizadas por las propias empresas, previamente a la actuación de los poderes públicos. Algo que recomienda porque “facilita el trabajo de instrucción judicial” y “permite a la empresa elaborar su defensa de manera independiente”. Esta cuestión resulta clave a tenor de la separación de responsabilidades e incluso la conveniencia de que la defensa de la persona física y la persona jurídica sea totalmente separada a efectos de garantizar la independencia y evitar conflictos de intereses que pudieran decaer en la nulidad del proceso judicial.

El punto de vista de la fiscalía anticorrupción lo aportó, con una magistral intervención, Juan Pavía Cardell, de la fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada, que puso su foco en el delito de cohecho internacional, de gran interés para las empresas multinacionales con varias sedes en distintos países.

Cerró el acto, en representación de Ministro de Justicia, Áurea Roldan, Subsecretaria de Justicia, que felicitó a los responsables de la World Compliance Association y destacó la importancia de iniciativas como este para la toma de conciencia de las organizaciones en materia de prevención de delitos en el seno de sus actividades.

El acto contó con la participación de más de 150 asistentes de primer nivel de organizaciones y profesionales que han querido arropar a la asociación y participar de una jornada llena de contenidos de interés. Entre los participantes estaban representadas organizaciones como Wolters Kluwer, Abengoa, AXA, Intedya, Círculo Legal, Grupo Paradell, THYSSENKRUPP, ADIF, Metro de Madrid, SMC Compliance, AMETIC, ASEBLAC, Consejo Superior de Profesionales Compliance, Triodos Bank, Universidad de la Rioja, EQA, Applus, Cámara de Comercio de Madrid, Restalia, GRANT THORNTON, JP MORGAN&CHASE, Sindicato Unificado de la Policía, FEDECA, Telepizza, Prevensystem, Perserva, Segurlex, INYPSA, MMT Seguros, Avacom, Barrabés, Asturiana de Zinc, TIREA, MAKRO, CEPSA, ALAIN AFFLELOU, Comisión anticorrupción del Congreso, PORSCHE IBÉRICA, Telefónica, GOMEZ ACEBO Y POMBO, etc.

Programa ejecutivo de Corporate Compliance

Grupo Paradell y GP Compliance, a través de nuestro Director del Área de Compliance,  Albert Salvador, han estado presentes como formadores en el programa ejecutivo de Corporate Compliance de la EF Business School Escuela de Finanzas, que finalizo el pasado 27 de Mayo en La Coruña.

Destacar la gran organización del curso y sobre todo gracias a los alumnos por el interés, la participación y la confianza que habéis depositado en este programa ejecutivo.

 

Equipo de Formadores: Albert Salvador Lafuente, Alba Lema Dapena, Juan Antonio Frago Amada , Juan Pablo Regojo Balboa , Vanessa Fernández Lledó , Juan Carlos Bajo Albarracín y Alberto Lete Achirica.

 

Más información en:  http://escueladefinanzas.edu.es/cursos/programa-academico/programas-ejecutivos/corporatecompliance/

La corrupción en el deporte y los programas de compliance

By: Alba Lema - Directora de GP Compliance en Galicia

En el día de ayer podíamos leer en cualquier periódico de tirada nacional el supuesto amaño del partido Barcelona B – Eldense, correspondiente a la segunda división B, por parte de los jugadores de esta última entidad. Ha sido precisamente un jugador del Club Deportivo Eldense, Cheikh Saad, quien acusó a cuatro de sus compañeros de amañar el partido, al tiempo que denunció su ausencia en el once titular por negarse a participar en el engaño.

El motivo del amaño parece estar en las apuestas deportivas del mercado asiático a través de Internet ya que, con este resultado, una persona que hubiese apostado unos 1000€ se embolsaba una cantidad superior a los 400.000€.

Así las cosas cabría preguntarse qué consecuencias tendría, de confirmarse el amaño, esta acción de los jugadores desde una perspectiva estrictamente penal. En primer lugar, debemos señalar que el delito de corrupción deportiva se encuentra expresamente regulado en el art. 286 bis del CP que, en su apartado 4, dispone:

 

“Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.

 

La locución “lo dispuesto en este artículo” hace referencia a las eventuales sanciones que se podrían imponer en el supuesto de corrupción deportiva a los responsables de las mismas; a saber: pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio (en este caso, para el ejercicio de la actividad deportiva), por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Este tipo de sanciones, como es obvio, son aplicables únicamente a las personas físicas (ya sean los futbolistas, el entrenador, directivos o cualquier otro empleado o colaborador del club), mientras para el club las sanciones establecidas a tal efecto, serían las del art. 33.7 del CP aplicables a las personas jurídicas: multas por cuotas o proporcional, suspensión temporal de actividades, clausura de locales o establecimientos, prohibición total o definitiva de desarrollar la actividad, entre otras.

Llegados a este punto, cabría preguntarse si para el club deportivo las consecuencias serían las mismas en el caso de disponer de un eficaz programa de compliance.

Con carácter previo debemos señalar que el Club Deportivo Eldense no está obligado a disponer de un programa de cumplimiento normativo, ya que pertenece a la segunda división B y esta obligación únicamente incumbe a equipos de LA LIGA (primera y segunda división A). En efecto, como ya señalamos en otro de nuestros artículos, una de las excepciones al principio de NO obligatoriedad de los programas de compliance, la encontramos en el art: 55 de los Estatutos Sociales de la  Liga Nacional de Futbol profesional en virtud del cual:

 

  • “Son requisitos para la afiliación a la liga,
  • (…)
  • Adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir significativamente el riesgo de su comisión

 

Pues bien, generalmente, los clubs obligados a implementar estos modelos de organización y gestión, disponen de códigos éticos que contienen disposiciones expresas relativas al amaño de partidos e incluso, algunos van más allá, y reflejan el asunto de las apuestas deportivas. Así por ejemplo, el Código ético del F.C. Barcelona dedica un apartado completo a la prevención del fraude deportivo abordando aspectos tales como sobornos de profesionales y organizaciones deportivas, manipulación de competiciones deportivas y apuestas deportivas. Por su parte, la sociedad deportiva EIBAR aprobó un Código ético en el que bajo la rúbrica “Tolerancia 0 con cualquier modalidad corrupción” rechaza cualquier modalidad de corrupción,

 

“incluyendo en este concepto aquellas conductas destinadas a manipular el resultado de la competición, a realizar apuestas ilegales, sobornos, cohecho o incurrir en conflictos de intereses”.

A continuación, el propio código establece un protocolo en el que se detallan las medidas y mecanismos necesarios a adoptar por parte del club, para prevenir este tipo de conductas.

En el caso que nos ocupa, el club Eldense no parece disponer de los modelos de organización y gestión exigidos por la LIGA para categorías superiores. Ahora bien, la postura de los directivos con respecto a este tipo de amaños parece ser bastante firme al respecto. En efecto, tras tener conocimiento de los hechos, la junta gestora del club deportivo denunció los hechos con carácter inmediato a la policía, rescindió su contrato de colaboración suscrito con un grupo inversor italiano, solicitó al ayuntamiento de Elda (propietario de las instalaciones deportivas) que impidiese el acceso a las mismas a los miembros del grupo inversor italiano, a los futbolistas y al cuerpo técnico y, finalmente, suspendió de manera cautelar la actividad deportiva del primer equipo. Esta conducta dista mucho de la adoptada por los responsables del club en otros casos notorios de amaño de partidos (e.g.: amaño del levante-Zaragoza temporada 2010/11) [1].

Si trasladamos las consideraciones realizadas hasta este momento a la pregunta planteada, si el club afectado hubiese tenido un plan de cumplimiento eficazmente implantado en la organización con anterioridad al amaño, creo firmemente que esta podría llegar a eximirse de responsabilidad penal tal y como se recoge en la normativa penal de referencia (art. 31 bis 2 CP).

En este sentido, y esto es una opinión meramente personal, los responsables de un club no pueden tener controlados todos y cada uno de los movimientos de sus jugadores. Si un jugador se reúne con un tercero en un lugar “secreto” para amañar un partido y recibe a cambio un sobre con una determinada cantidad de dinero, resultaría extremadamente complicado detectar esa conducta. No obstante, sí sería fácil acreditar la adhesión del jugador al código de conducta del club, la aceptación del mismo, el conocimiento de las consecuencias que comportaría esta conducta impropia y las actividades de formación y sensibilización de jugadores realizada por la entidad. De este modo, la responsabilidad podría recaer únicamente en el/los jugador/es que intervinieron en el amaño o, en el caso de recaer alguna responsabilidad sobre la entidad deportiva, la sanción habría sido –sin duda alguna– notablemente atenuada.

Asimismo, la existencia de un canal de denuncias  adecuado (que garantizase la confidencialidad y falta de represalias del denunciante), habría permitido a los jugadores que rechazaron el amaño denunciar esta conducta con anterioridad al partido y, por ende, quizás se habría podido evitar la misma

 

En resumen, estamos ante un caso que viene a ilustrar nuevamente las ventajas y beneficios de un programa de compliance en aquellos casos en los que no deviene obligatorio. No sabemos cómo acabará este caso en particular, lo que es seguro es que una eventual condena al Club deportivo Eldense podría haberse evitado, o al menos atenuado sensiblemente, con un eficaz programa de cumplimiento normativo.

[1] En este sentido hay que señalar que club deportivo eldense tiene una situación muy particular en este momento ya que está dirigido por una Junta Gestora pero suscribió un convenio de colaboración con un grupo inversor italiano que fue responsable de haber fichado al entrenador y a otros jugadores. Valga de ejemplo los más de 50 jugadores que ha fichado el club en lo que va de temporada. El convenio con el grupo italiano ha sido rescindido después del partido contra el Barcelona B.

EVENTO DE COMPLIANCE PENAL CONJUNTO CON MEXIA ALGAR

El Próximo 21 de Abril, GP Compliance realizará un evento conjuntamente con Mexia Algar sobre COMPLIANCE PENAL en formato desayuno.

El Acto tendrá lugar en el:  ABBA CENTRUM ALICANTE HOTEL

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abba Centrum Alicante Hotel

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abba Centrum Alicante Hotel 38.340900, -0.492212

9:30h. Recepción.

9:40h. Presentación.

9:45h.“Exención y atenuación de la Responsabilidad Penal de las empresas”. 
Dña. Mari Carmen Aranda, Directora del Área de Compliance en Mexia Algar Abogados y Directora de GP Compliance en Alicante.

10:25h. “Técnica de las investigaciones internas”. 
D. Albert Salvador, Director del Área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y CEO en GP COMPLIANCE. Fundador y Vicepresidente de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.

11:05h. “Implementación del compliance en las empresas y sus consecuencias positivas”.
D. Ignacio Mexía Terol. Director del despacho Mexía Algar Abogados. Abogado Colegiado en el Colegio de Abogados de Alicante y Diplomado en Ciencias Empresariales.

11:30h. Clausura.

*AFORO LIMITADO

Inscripciones a: [email protected]

La sentencia del TS admite el uso de las cámaras de video-vigilancia como prueba para tratar de justificar el despido de un trabajador.

Sentencia del TS / Sala 4ª Pleno, S 31-1-2017, nº 77/2017, rec. 3331/2015

El texto de la sentencia reconoce que no hay vulneración de la protección de datos cuando los trabajadores son conocedores de la existencia de las cámaras y del lugar donde están colocadas. En este caso, señala el Tribunal, no es necesario un conocimiento explicito.

La empresa procedió al despido del trabajador, se alegaba en la carta de despido transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza mediante manipulación de tickets y hurtando diferentes cantidades en fechas concretas. El centro de trabajo contaba con un sistema de vídeo-vigilancia por razones de seguridad. El trabajador era conocedor de la existencia del sistema de vídeo vigilancia, sin que hubiera sido informado del destino que pueda darse a las imágenes o que pudieran ser utilizadas en su contra.

Tras ser despedido y presentar demanda el Juzgado declaró la improcedencia del despido.

La empresa recurrió en suplicación al TSJ y se desestimó el recurso.

Por último la empresa recurrió en casación, el TS señala que la exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 LOPD viene dada, en el ámbito de la video-vigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador”….

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso obliga a estimar el recurso porque la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fin perseguido, razón por la que estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego, máxime cuando los trabajadores estaban informados, expresamente, de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad, expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo pero que excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc. etc.. Y frente a los defectos informativos que alegan, pudieron reclamar a la empresa más información, o denunciarla ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que la sancionara por las infracciones que hubiese podido cometer.

La sentencia del TS casa y anula la sentencia recurrida. Estimando el recurso de esa clase interpuesto por la recurrente y anulando la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social y las actuaciones practicadas y el acto del juicio a partir de la denegación de la prueba de video-vigilancia a fin de que se practique la prueba denegada y, posteriormente, se dicte nueva sentencia con libertad de criterio valorando el resultado de esa prueba.

Por último, indicar que se formula un voto particular por parte de uno de los magistrados.